A inicios de este año, la edila María Noel Pereira pidió a la Intendencia de Lavalleja (IDL) un informe sobre el llamado Tren Serrano.
Poco antes de la sesión del miércoles pasado, llegó un informe firmado por el intendente Mario García y el secretario general Alejandro Giorello, y en esa misma sesión se pidió que el tema pasara al Orden del Día.
Luego que el tema se discutiese largamente en la Junta, la edila y exintendente Adriana Peña solicitó que se formara una comisión preinvestigadora sobre el tema, lo que fue votado favorablemente.
La comisión fue entonces conformada, con los ediles Felipe de los Santos (FA) como presidente de la misma, y por Marcelo Gallo y Hugo Olascoaga (PN), Patricia Pelúa (FA) y Miguel del Puerto (CA).
El cometido principal de la preinvestigadora es determinar si existen o no elementos suficientes para realizar una investigación sobre el tema.
La comisión se reunirá el próximo miércoles a las 19:00 horas para su primera instancia conjunta.
EL INFORME
El informe establece que no existe en la IDL registro de cuándo comenzó a funcionar, y que no está funcionando actualmente. A su vez, dice que el vehículo ya no circulaba cuando asumió la nueva adminstración, luego de un informe técnico sobre el mismo elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Según el documento enviado por el Ejecutivo a la JDL, la inversión inicial de la IDL para el Tren Serrano fue de U$S 25.000, más $ 310.342, a lo que debe agregarse el vehículo de tracción, de matrícula POF 0019, propiedad de la propia IDL. No hubo proceso licitatorio para su construcción, que recayó en la empresa Hierros Mena.
La certificación técnica estuvo a cargo del ingeniero civil Eduardo Umpiérrez, y no cuenta con aval técnico para circular de APPLUS, encargada de proveerlos. Según el informe, “el tren no circula debido a los importantes problemas de seguridad que reviste, indicados por los informes técnicos”.
Por otro lado, el informe técnico del MTOP, firmado por Juan Pablo Barbier Castro, dice que un vehículo de las características del tren “representa un perjuicio a la seguridad de los pasajeros” y que existen “múltiples restricciones para la circulación del conjunto”.
A su vez, se solicitó el 8 de octubre del año pasado una prórroga de 15 días al Banco de Seguros del Estado (BSE) para conseguir la certificación de APPLUS obligatoria, que nunca fue otorgada, por lo que a partir del 23 de octubre del 2020 el vehículo no contaba con cobertura de seguro por parte del BSE.
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