Alexandra Inzaurralde, diputada nacionalista por Lavalleja, convocó a los medios de comunicación para informar sobre la presentación de su primer proyecto de ley desde su asunción como legisladora, y que refiere al “estímulo de la producción orgánica certificada”.
GENERALIZADO INTERÉS
Inzaurralde reconoció hacer hincapié en “una ley del año 2001 que después se decretó 7 años más tarde, pero a pesar de eso no ha habido una evolución en la materia. Vemos con mucho beneplácito que hay mucho interés en la ciudadanía y productores en poder incursionar en la producción orgánica y es bien importante que se prepare la oferta y la demanda de estos productos”.
La diputada dijo que “lo principal en esto es despejar confusiones terminológicas y poder, a través de un marco institucional y normativo, que sepamos de qué se trata la producción orgánica, por lo que la mirada tiene que estar hacia el organismo competente, que es el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), y desde donde es que se tienen que emanar todas las normas técnicas que nos diga qué es orgánico y qué no lo es. Normalmente hay una confusión terminológica y por lo general escuchamos hablar de agroecología, la que comprende aristas más de tipo social, de justicia social, de cooperación de asociación”.
Indicó que lo orgánico “es técnico, tiene un rigor científico técnico y que es bien importante acotarlo”.
TRAZABILIDAD
Consideró que la producción orgánica es bien importante para productores “cuya producción muchas veces vale menos que el cajón que la transporta y esto es una oportunidad de valor agregado para esa producción, la certificación, transitar por ese proceso. También para el consumidor esa certificación es garantía de confianza, es trazabilidad, conocer el origen, y es estar seguro que lo que está ofreciendo como orgánico, efectivamente lo es. De eso se tratan las certificaciones, es una garantía que dará el MGAP o entidades certificadoras habilitadas por el MGAP. A su vez reconocemos que ese proceso de certificación pueda decidir cualquier productor convencional porque esto no es planteado desde el conflicto, de que lo orgánico es mejor que lo convencional”.
Inzaurralde comentó que es planteado “desde el punto de vista de la invitación a la convocatoria a que cualquier productor convencional, sin importar la dimensión de su unidad de producción, puede caminar hacia esa certificación”.
OPORTUNIDAD
Inzaurralde opinó que es “una oportunidad de darle valor a su producto, pero también tenemos que estimularlo desde normativas que ya existen para el procedimiento de compras públicas. En nuestro proyecto decimos que esas herramientas que existen apliquen a productores que hayan decido transitar por el camino de la certificación, ya sea de forma colectiva a través de organizaciones habilitadas y previstas en la ley N° 19992, o en forma individual. Advertimos que hay una norma en 2008 de promoción de la producción nacional que se reglamentó para MyPime, para MyCiencia y Tecnología, para textiles y para química farmacéutica, pero no para el productor agrícola familiar”. “Allí descubrimos una veta para que también el productor individual que quiera insertarse en este camino también pueda individualmente acceder a los mecanismos de compras públicas”, acotó.
FOMALIZACIÓN POSITIVA
Habló de “estimulo a la oferta, desde el Estado facilitar la salida de esa producción y desde el punto de vista del consumidor la garantía no solamente que cuando consumo orgánico volvemos a los sabores originales y conocemos lo que estamos ingiriendo, también desde el punto de vista cultural, turístico y de la mano de obra porque al ser manual y no utilizar recursos químicos ni sintéticos. Indudablemente requiere más mano de obra sobre todo una población joven que nos imaginamos son huerteros incursionando en materia de producción orgánica. Lo que se hizo no fue innovar, sino tomar la legislación vigente desde aquella época de 2001 hasta ahora, ver cuán poco se ha evolucionado. Estuvimos con el presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, por los puntos donde se tocan ambos conceptos, orgánico y agroecológico, también en el LATU para ver la posibilidad de intervenir en esa gradualidad de calificaciones que va a tener a un productor que camine por ese proceso”.
Catalogó de positivo “formalizar lo que se intento hacer hace muchos años y darle la fuerza de ley”.
CERTIFICACIÓN INEXISTENTE
Inzaurralde entiende que para que un producto pueda ofrecerse como orgánico “tiene que estar certificado y para que un producto esté certificado legítimamente y válidamente, solo puede estar certificado en Uruguay por una entidad reconocida por el MGAP. Al día de hoy no hay entidades pese a todo ese tiempo que estuvo esa legislación, no hay entidades certificadoras registradas con la habilitación definitiva en el Ministerio por lo que si no las hay no puede haber productos certificados y si no hay productos certificados, esos productos no pueden estar en góndola de los supermercados ofrecidos como productos orgánicos, porque hay una reserva de uso de ese nombre, orgánica o equivalente. Entendemos que esa reserva tiene que ser por ley y no por decreto, pero hay una reserva porque la población debe saber que cuando se ofrece un producto orgánico efectivamente lo es. Buscamos que todas las partes cierren y que se comience a transitar por ese proceso virtuoso para cuando la demanda salga a nuestro encuentro, como país también estemos preparados normativamente a esos efectos”, puntualizó.
PUNTAPIÉ INICIAL Y ESPÍRITU COMPARTIDO
El proyecto cobró estado parlamentario la semana pasada. “Posteriormente -dijo Inzaurralde- fue derivado a la Comisión de Ganadería de Cámara de Representantes, luego será tratado por esa comisión, que no siempre es inmediato, y después queda la parte de recibir a las autoridades que involucra este proyecto. Posteriormente los diferentes integrantes de esa comisión van a hacer un informe a favor, en mayoría, en minoría o por unanimidad y lo van a pasar al Plenario de la Cámara de Representantes a votación y finalmente pasará a la Cámara de Senadores para que pueda convertirse en ley. Esto es pasito a pasito, por lo que hay que tener paciencia. Nobleza obliga señalar que no estamos innovando, que lo que se busca es formalizar algo que ya existe pero que no dio sus resultados y que ademas el espíritu es compartido por autoridades competentes. Tenemos la tranquilidad de que es un puntapié inicial que después será mejorada o modificado. Nos consta que el espíritu es compartido y que hay inquietud en el ministro, en la Unidad de Compras Estatales, en el LATU y en la Comision Honorario del Plan Nacional de Agroecología”.
“El espíritu es compartido lo que resulta bien bueno a los efectos de poder prosperar en este camino que es largo”, concluyó Inzaurralde.
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