25ª Marcha del Silencio

En una escalinata en la Rambla de Minas, un grupo de personas formó la frase 

“Todos somos familiares” (Foto: Ruben Gallo)

HUBO MOVILIZACIONES VIRTUALES EN TODO EL PAÍS

Con la consigna “Son memoria. Son presente. ¿Dónde están?” se realizó ayer en todo el territorio nacional la 25ª Marcha del Silencio, organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en reclamo de conocer el destino de 196 detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar en nuestro país.

A causa de la pandemia de COVID-19, por primera vez la marcha no fue presencial, sino que se desarrolló a lo largo de todo el día, en todo el territorio nacional, con intervenciones en redes sociales, y con una proclama leída en directo -y transmitida por diversos medios de comunicación pero no cadena nacional, que fue negada por el gobierno a los organizadores- a las 19 horas.

En Lavalleja se colocaron velas y retratos de los detenidos desaparecidos del departamento en la Plaza de los Derechos Humanos, en Minas.

Además, en el marco de la marcha se hicieron intervenciones en diferentes lugares, con grupos de personas formando con carteles la frase “Todos somos familiares”.

Uno de los objetivos fundamentales que las acciones realizadas aquí en el marco de esta movilización nacional, fue la de hacer más visibles las identidades de las dos mujeres y los siete hombres detenidos desaparecidos, oriundos de Lavalleja: Fernando Miranda, desaparecido en 30 de noviembre de 1975 en Montevideo (sus restos fueron hallados el 2 de diciembre en el Batallón de Infantería n° 13 ubicado en Montevideo); Otermín Montes de Oca, desaparecido el 17 de diciembre de 1975 en Buenos Aires; Carlos A. Rodríguez Mercader, desaparecido el 1° de octubre de 1976 en Buenos Aires; Renée Pereira, desaparecida el 7 de octubre de 1976 en Buenos Aires; Martín Pelúa, desaparecido el 7 de octubre en Buenos Aires; José Luis Pelúa, desaparecido el 7 de octubre en Buenos Aires; Carlos Hernández, desaparecido el 3 de diciembre de 1976 en Buenos Aires; Gustavo Inzaurralde, desaparecido el 28 de marzo de 1977; Ada Margaret Burgueño Pereira, desaparecida el 20 de agosto de 1977 en Buenos Aires. 

Según los convenios jurídicos internacionales de los que Uruguay forma parte, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, por lo que no prescribe. Además, mientras no aparezcan los restos ni se sepa qué ocurrió, el delito sigue ocurriendo.

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