CON BERNARDO RAMOS OLMOS, ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE
DERECHO
Bernardo Ramos Olmos
(24) es un joven minuano que estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República (Udelar ). En diálogo con Primera Página, se define
como “un apasionado por litigar el derecho penal”. Habla especialmente sobre su
experiencia educativa en modo virtual y evalúa la actualidad del ámbito laboral
y social a partir de la llegada a nuestro país del COVID-19.
IMPACTO SOCIAL
Bernardo considera que la llegada del coronavirus al país “ha
impactado de manera sorpresiva en diversas áreas, de hecho en el curso de este
encerramiento preventivo para dar cabal cumplimiento a las solicitudes del
gobierno. En base a la conciencia social, diariamente uno trata de estar más
comunicado con el entorno para no bajarse del mundo y estar en conocimiento de
la globalidad aledaña”. Acotó que si bien la propagación del virus en
Montevideo es conocida, “aún hay un descreimiento en cuanto a los diagnósticos,
o dicho de otra forma, la ausencia de un total convencimiento que nos lleva a
todos a extremar medidas aún en donde se supone que no hay infectados o
personas que presenten síntomas”.
INCIERTO ÁMBITO ESTUDIANTIL
Comentó que particularmente en su área, el Derecho, tanto en
lo laboral como en lo estudiantil “nos ha afectado drásticamente”. “Un viernes
nos despedimos de profesores y compañeros en un aula para ir el fin de semana a
ver a nuestras familias y a los dos días se nos informaba que se cerraba la
Facultad. Si bien en un principio nos dieron un plazo, vencido el mismo se nos
señaló que era por todo el semestre, reservándose la posibilidad de extenderlo
según como estuviera la situación. Esto significó no sólo dejar de concurrir a
clases, sino carecer de todo material para continuar los cursos ya que al estar
cerrado el edificio tampoco hay biblioteca y de los libros nuestros hay muy
pocos digitalizados”. Apuntó que si bien en su caso eran sólo dps materias, “la
preocupación por un lado disminuía al ser consciente que no era tanto, pero por
el otro y a nivel colectivo estudiantil, aumentaba ante la incertidumbre de qué
iba a pasar, o en el peor de los casos hasta cuando iba a estar a la deriva del
día a día, quizás semanas o tal vez meses”.
DESESTIMACION
Para continuar con sus estudios, Bernardo desestimó la opción
de la compra de libros ya que cada uno cuesta entre $1.000 y $2.000, “y cada
materia nos requiere, en el mejor de los casos, cuatro o cinco”. “En el interín
de las primeras dos semanas seguía funcionando el COPYCED (centro de
fotocopiado de la facultad), donde también se venden librillos, que son sólo
resúmenes o material acotado de cada materia, y si bien había implementado la
modalidad de envíos a domicilio, al transcurrir el tiempo también tuvo que
cerrar. En todo ese frenesí, hubo profesores que por iniciativa propia
comenzaron a dar las clases en los días y horarios habituales vía web, pero era
voluntario y había quienes lo empleaban y quienes no, limitándose sólo a
esperar los próximos pasos a seguir”. El
10 de abril el Consejo de la Facultad dictó una resolución exhortando a los
profesores a continuar los cursos por los medios electrónicos, ya sea la usual
plataforma web EVA (donde se agrega algún material o se organiza algún foro
para discutir cuestiones de la materia), o por video llamada.
MODO VIRTUAL
Luego, la Universidad compró la licencia de una aplicación
para que los profesores pudieran dictar las clases, con una capacidad máxima de
hasta 800 alumnos. “Actualmente mantenemos los cursos con videollamadas con los
contratiempos que conlleva: a veces pasamos 15 o 20 minutos intentando
conectarnos, que se escuche el audio, problemas con las conexiones inalámbricas,
etc)”. Para Bernardo, ante todo “hay que ser optimista, reconocer que a pesar
de todo los profesores han puesto su mejor disposición para aprender y
ayornarse a todo esto, que hasta hace un par de meses era impensado y mucho más,
para los que están tramitando la jubilación”.
ÁMBITO LABORAL
Bernardo reflexionó que en lo que refiere al trabajo “la
realidad es otra y mucho más difícil”. “Entendemos y nos empatizamos con mucho
respeto ante la actual amenaza que la pandemia representa, pero lo que sí nos
sorprende es que por tiempo indefinido no se haga más justicia. Sólo funciona
un sector de Fiscalía en lo referente a formalizaciones de delitos, pero el
resto parece haberse pausado con total incertidumbre. Preocupa en primer lugar,
poder superar esta emergencia sanitaria y hoy eso es prioridad en todas las
mentes uruguayas, pero la situación de los niños que esperan la sentencia de su
pensión alimenticia o de su ansiada mudanza en los casos de los juicios de
tenencias, como también los reclamos laborales de los trabajadores despedidos
que esperan su liquidación para seguir dándole de comer a sus familias a la
espera de un nuevo trabajo y así, muchos otros casos esenciales. Trabajo para
un estudio jurídico desde donde, y para el caso de no reanudarse la actividad
judicial y administrativa, me ultimaron que este sería el último mes que estaría
prestando mi servicio”. “Dicha situación
genera muchos desvelos, más allá de las medidas paliativas que están
disponibles. Cuando el salario nuestro, en este caso procurador, es sólo el mínimo
nacional, una alternativa de un 50% no alcanza ni siquiera para pagar un
alquiler en Montevideo”, afirmó.
ACERTADA ACCION
Reconoció como “muy loable”, la acción del gobierno porque “desde
el primer momento uno administra de la forma más eficiente posible ante las
medidas implantadas, cuestionables quizás, pero que nos han permitido llegar
hasta aquí con una situación económica menos gravosa que la de otros países de
la región”. Destacó también la conciencia social y las buenas prácticas, “importantísimas
e imprescindibles”, “realizadas en este momento tan delicado que vivimos todos
los uruguayos”, finalizó.
0 comentarios :
Publicar un comentario