En
rueda de prensa, Alexandra Inzaurralde, edila del grupo 59 del
Partido Nacional (PN) en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL),
hizo públicas las razones por las cuales su bancada optó por
abstenerse
de votar el
presupuesto quinquenal de la Intendencia Departamental de Lavalleja
(IDL). La escribana expuso detalles y habló de falencias de un
presupuesto quinquenal que pretendía “tomar de rehén a la gente”.
La conferencia se desarrolló en su domicilio y de la misma formaron
parte también los ediles Carlos Urtiberea, Pablo Hernández
(titulares), Daisy Navarro y Gabriela Silveira (suplentes).
EXISTE
UN PRESUPUESTO AJUSTADO
Inzaurralde
comenzó asegurando que si bien “la presión fue mucha, sin dudas
la convicción fue mucho mayor”.
Acotó
que “no entenderíamos la política si nosotros no viéramos la
posibilidad, en ella, la disciplina partidaria de no poder luchar por
aquellas cosas que entendemos positivas, o no poder evitar aquellas
cosas que entendemos es mala para la gente”.
Pidió
tranquilidad a la gente porque “no estamos sin presupuesto, sino
que el mismo es el del período pasado”, y porque además “se
cuenta con los mismos y todavía más recursos que en el periodo
anterior”, incluso “ajustados”.
Afirmó
que los contribuyentes pagan las contribuciones y patentes “con
reajustes”, lo que significa “que dinero hay para obras y
sueldos, por lo que confiamos sea de esa manera y que la gente no sea
puesta de rehén en esta situación”. “No se va a contar con los
recursos que se pretendían crear por los tributos que se querían
generar en el nuevo presupuesto”, acotó.
SIN
CAPRICHOS Y CON ARGUMENTOS
Dijo
que la decisión adoptada “no fue caprichosa y hubo muchísimos
argumentos”, pero principalmente “porque es un presupuesto
marcadamente fiscalista y con todo el peso de la carga tributaria
sobre la ciudadanía”. Mencionó que los economistas del propio
Partido Nacional (PN) marcaron que lo primero a hacer es “la
previsión del crecimiento y en función de eso cuanto va a crecer la
economía, cuando puede recaudar el gobierno (departamental), para
recién después prever cuánto va a gastar”.
En
torno al caso opinó que “se hizo lo contrario, porque se dijo
'vamos a gastar tanto y por consiguiente necesitamos ese dinero, el
que se le va a pedir a la gente'”.
Según
Inzaurralde hubo “un aumento exponencial del gasto en 90 millones
de dólares, de los cuales el 45% está destinado a salarios, no a
obras, y un incremento importantísimo de los cargos de confianza,
aumentándose a 4 direcciones más (de 18 en el primer período a 22
en el segundo período)”.
Esto
“tenía que solventarse de alguna forma y la respuesta fue aumentar
los tributos, la Contribución Inmobiliaria, había un articulo
perdido que pretendía el cambio en el cálculo de la contribución
que izaba más de 170% (de $ 6 mil a $ 16 mil) en mucho padrones, sin
saberse cuántos y cuáles. Esto solo en el 2017, en el 2018 y 2019
más”.
MÁS
EVIDENCIAS
Inzaurralde
repasó que “hay una ley que prevé su creación para que
determinadas partidas lleguen al gobierno”, pero no prevé “para
que se aumente la tasa de alumbrado público”.
Recordó
que en la campaña electoral “se anunció una mejora al alumbrado
LED”, pero que lo que no se dijo “que la misma la iba a tener que
pagar la gente”.
Señaló
que en la actualidad “estamos pagando una tasa única de alumbrado,
salubridad y limpieza, promedialmente unos $ 100 por mes”.
Advirtió
que en el presupuesto no votado “la gente seguiría pagando
salubridad y limpieza $ 100 por mes”, pero en la zona pavimentada
pasaría a pagar $ 140 por mes, lo que representa, por la tasa de
alumbrado público “una facturación promedio de $ 2 mil de UTE,
representa hasta un 7% de aumento en la facturación”.
DOBLE
FINANCIACIÓN DE OBRAS
Por
otro lado, dijo que la contribución por mejora que el Ejecutivo
propuso “es decirle a la gente que tiene que contribuir a su
financiamiento”. El 100% del pago de las contribuciones urbana,
suburbana y rural “se va en sueldos”, Las obras “se tienen que
financiar con las partidas del gobierno central”, que “también
las paga el ciudadano, ya que no es otra cosa que el retorno de
tributos nacionales”. Según la edil, la contribución por mejoras
urbana “es más del doble de lo que se paga por contribución,
sumándole el aumento de la tasa de alumbrado público y al posible
aumento de la Contribución Inmobiliaria mencionada”.
Consideró
que si el gobierno de Lavalleja le pide a la gente que las obras se
financien con la contribución por mejoras, “las mismas se están
financiando dos veces”.
CARGA
E INSENSIBILIDAD
Inzaurralde
aclaró que la contribución por mejoras rurales “es un 60% más de
los que estaba previsto de Contribución Rural, en donde se paga
también Patrimonio, un aumento del 30% promovida por la intendenta
Peña y el resto de los intendentes contra la voluntad de los
legisladores nacionalistas, por lo que se eliminó la exoneración a
los rurales”.
“Es
una carga enorme sobre la gente, es insensible votar este presupuesto
en éstas condiciones”, apuntó.
SATISFACCIÓN
Aseguró
que el grupo de ediles de la 59 “nos sentimos satisfechos por
nuestra actuación, porque si bien tuvo forma negativa creemos que
esa actuación fue positiva y lo que es bueno para la gente, es bueno
para el partido”.
“Si
este presupuesto no se modifica sustancialmente, nosotros nos vamos a
mantener firmes porque estamos convencidos de lo que hicimos”,
sentenció.
0 comentarios :
Publicar un comentario