“Hasta hoy hay pinochetismo en Chile”

Brindamos hoy a nuestros lectores la segunda parte de la conferencia del jurista y diplomático chileno Eduardo Contreras Mella -uno de los defensores de los Derechos Humanos más conocidos y reconocidos de América Latina, y fue hasta hace unos tres meses embajador de Chile en Uruguay-, realizada en la sede del Mercosur en Montevideo hace unas semanas. Contreras Mella formó parte del primer equipo de abogados que presentó en Chile una querella -una denuncia judicial- por violación de los Derechos Humanos en contra del mismísimo Pinochet, en el año 1998, cuando este aún vivía y detentaba aún un enorme poder.

La conferencia fue organizada por la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), cuya directora es Soledad García Muñoz -abogada española-argentina con vasta experiencia en la defensa de los Derechos Humanos-.

Actualmente hay en Chile más de 1.500 procesos judiciales en trámite vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos, y Chile es el país con más expedientes abiertos, más procesados y más condenados de todos los países que por aquéllos mismos años del siglo pasado debieron soportar dictaduras brutales en Latinoamérica. Más de un centenar de agentes de la dictadura, incluyendo a la plana mayor de la policía secreta -la DINA- están encarcelados y buena parte de ellos condenados a presidio perpetuo o con diversas condenas. Es también abogado querellante en el proceso que desde 2012 investiga la muerte del poeta Pablo Neruda y que hasta la fecha ha acumulado antecedentes que confirman la tesis de su asesinato y lo ha hecho también en las causas de agrupaciones de familiares de las víctimas contra los responsables civiles del golpe de Estado.

UNA DICTADURA DE UNA BRUTALIDAD SIN PARANGÓN EN NINGUNA OTRA PARTE DE NUESTRO CONTINENTE

“Creo que no tiene mucho sentido definir el golpe, o contarles sobre él, seguramente conocen perfectamente esa parte de la historia. Fue una de las peores tragedias en la historia de América Latina, fue una dictadura particularmente violenta, hay ejemplos que producen sorpresa todavía por la brutalidad con que se actuó. Creo que no hubo otra dictadura en América Latina en la que ocurrieran las cosas horrorosas que tuvo que vivir el pueblo chileno. Por ejemplo, existe la idea de que los ejecutados en la denominada Caravana de la Muerte habrían sido todos fusilados cuando se los detenía en los lugares a los que había viajado el general Arellano Stark, y que se llama 'caravana de la muerte' porque recorrió Chile poco después del golpe. Se cree que habrían sido fusilados. Pues no. La mayor parte de esas personas fue trasladada en vehículos de su centro de detención para ser fusilada en determinados lugares. Pero esos vehículos paraban a mitad del camino, y fueron asesinados abriéndoles el vientre con los sables de los oficiales. Les cuento esto porque ya si detenerlos sin causa alguna, si fusilarlos sin causa alguna ya era brutal, el modo en que los mataron muestra que en nuestro país se produjo una alteración psicológica inexplicable para mí, que da cuenta de crímenes realmente terribles. Recuerdo el ejemplo de otro científico, Vicencio, profesor en la Universidad del Norte. Mientras descansaban en el Casino de Oficiales del Regimiento de La Serena, para seguir camino a dónde iban a ejecutar a los fusilados, algo le molestó a un oficial, que está en este momento en Estados Unidos sujeto a la ley de protección a testigos. Este individuo tomó del restorán, del bar del Casino de Oficiales esa arma antigua que no recuerdo cómo se llama, que tomas con la mano, tiene una cadena y una bola enorme con púas, y con ella le rompió la cabeza a este importante científico chileno. O un policía, sospechado de tener cierta filiación política: en un patio policial pasaron con un vehículo sobre su cabeza, hasta destrozarlo. O el profesor Fernando Ortiz -profesor de la Universidad de Chile, uno de los mejores historiadores del país-, que lo mataron a patadas en la cabeza. O el uso del famoso gas sarín, que Michael Townley (1) llevó a Chile y que fue estrenado en el cuartel Simón Bolívar. Son cosas realmente espeluznantes que no se vieron en otro lugar, y lo digo porque tal vez explique el cambio profundo que ocurrió en Chile, el terror, el miedo colectivo. Fue la dictadura que tuvo -y esto es una paradoja de la historia- más apoyo político, en comparación con cualquier otra dictadura. Hasta hoy hay pinochetismo en Chile, hasta hoy hay partidarios de Pinochet en Chile. Y sin embargo es una dictadura de una brutalidad que no tiene parangón en ninguna otra parte de nuestro continente. Y ese miedo cambió no sólo la situación económica, permitiendo imponer el modelo de los Chicago Boys, no sólo cambió la política. Yo creo que Chile cambió también culturalmente, hay un apagón cultural terrible en nuestro país. En el tiempo que hemos estado con mi esposa en Uruguay hemos visto los cambios culturales y la pasión cultural que existe en este país pequeño comparado con el nuestro, mucho más preocupado por el consumismo, por otras cosas que no son esenciales para la vida, y se rompe una larga historia de desarrollo cultural chileno. Ya no es desgraciadamente para nosotros seguir viviendo la herencia de Gabriela Mistral, surge por cierto una nueva generación que espero recuperará los valores que perdimos, pero Chile no sólo sufrió el baño de sangre, no sólo hay una crisis económica, hay una crisis moral, ética, política, como somos los chilenos. Cuando volvimos del exilio nos encontramos con un país que no conocíamos. Mi país alegre, simpático, fraternal, se volvió un país serio, apático, que no saluda a nadie.

LOS PROCESOS JUDICIALES LUEGO DE LA DICTADURA

“¿Qué pasa cuando se acaba el golpe, cuando se retira Pinochet? Nos encontramos respecto al punto que estamos tratando, con dificultades bastante grandes. Una de ellas es que en el año 1978 la ministra de Justicia Mónica Madariaga había dictado el decreto 2191 sobre autoamnistía, es decir, declaraba que lo que había ocurrido en Chile no podía ser investigado y quedaba amnistiado. El otro elemento es que Pinochet había declarado el 12 de setiembre de 1973, y esto es muy muy importante, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que Chile se encontraba en estado de guerra. El decreto ley dice 'declárase que el actual Estado de Sitio debe entenderse en el futuro como Estado de Guerra Interna y se entienden aplicables todas las leyes y toda la legislación de tiempos de guerra'. Así Pinochet quería justificar los asesinatos recurriendo al artilugio de los Consejos de Guerra, cuando en realidad eran Consejos de Guerra que no se hacían, que no existían; hubo papeles que se hicieron luego de los fusilamientos, pero esto le daba cierto barniz frente a las condenas anuales de las Naciones Unidas respecto a lo que estaba ocurriendo en el país. Ahí veremos cómo Pinochet se equivocó, o cómo nos abrió la puerta para los juicios. Les cuento esto para mostrarles la situación de total impunidad que existió en Chile hasta el año 1998, la excusa de la guerra interna y la autoamnistía. En enero de 1998 encabezamos un grupo de abogados, que contrariando las opiniones que habían en el movimiento de los Derechos Humanos presentamos una querella directa contra Pinochet. ¿Por qué había esta opinión en contra de hacer esto? Nosotros respetábamos mucho la opinión que había al respecto y no dejaban de tener razón; nosotros éramos los 'afuerinos', veníamos del exilio, y quizá no conocíamos bien la situación. Nos argumentaban que existía una Corte Suprema y unos jueces inaccesibles, partidarios de la dictadura, que no estaban dispuestos a hacer ninguna concesión. Nos decían que presentar una querella era hacer el ridículo. En realidad a nosotros nos parecía que eran antecedentes poco profundos, poco serios, porque ¿qué importaba hacer el ridículo cuando se trataba de los Derechos Humanos? Además, tampoco era tan cierto porque veíamos que algunos jueces comenzaban a tener una posición más cercana al derecho humanitario internacional y de respeto a los tratados contraídos por Chile, lo que hacía posible que una querella pudiese prosperar. Y había otro elemento. En el año 1996 se había iniciado en Madrid el juicio que llevaba adelante el juez Garzón. Si bien es cierto que era otra competencia, y además él buscaba la responsabilidad por la muerte de ciudadanos españoles y de origen español, igualmente estaba abriendo el espacio, y que eso estaba abriendo una página completamente inédita en el derecho penal internacional, porque significaba el reconocimiento de que si los delitos eran de lesa humanidad, es la humanidad la titular para ejercer los derechos en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad del autor, independientemente de la nacionalidad de las víctimas, e independientemente del lugar en el que se hayan cometido los delitos, lo que era una tendencia absolutamente insólita y revolucionaria para muchos. ¿Cómo ibas a juzgar en Argentina a un chileno que mató en Perú? Creo que esto se corresponde con el propio concepto del delito de lesa humanidad, y creo que terminó siendo así cuando se creó el tribunal internacional. Entonces no estábamos tan equivocados. Y nos dimos cuenta de que si presentábamos una querella en Chile, eso no obstaculizaba a Garzón, porque en el juicio de Garzón no había ningún procesado todavía, y eso implicaba que nosotros, al contrario, podíamos ayudar a Garzón, y así fue efectivamente, porque si los crímenes habían sido cometidos en Chile, era obvio que íbamos a tener, si se investigaba bien, mucho más material, para entregar a Garzón también, para sus propios procesamientos, que no podía obtener en España, donde no tenía el mismo acceso a antecedentes y a las víctimas. Entonces así ocurrió, y tanto, que en ocasión de la detención de Pinochet en Londres, fueron fundamentales los envíos que se hicieron desde Chile, de nuestro proceso, de lo que había avanzado Guzmán (2) de enero a octubre de 1998 -Pinochet había sido detenido en octubre de ese año- para que Garzón pudiese librar las órdenes internacionales de detención y llevar adelante el histórico proceso en su contra, en España”.

LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

“¿Cuáles fueron los instrumentos jurídicos que utilizamos? Básicamente, aprovechamos algunas modificaciones de la Constitución política. Voy a leerles lo que dice la Constitución actual en su artículo 5: 'la soberanía reside en la nación, etc.... los ejercicios se realizan por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones y por las autoridades que esta Constitución establece...', pero el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución chilena, modificada después del golpe militar de 1973, dice que 'el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana...' -es decir, teníamos el apoyo de la misma Constitución, lo cual no se tomaba debida cuenta por parte de los propios colegas chilenos-, 'y es deber de los órganos del Estado respetar y promover estos derechos garantizados por la Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes'. Además se había dictado ya la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado que también contenía el precepto que establecía la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana, y fueron parte de nuestro arsenal jurídico, como lo fue sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos... me quiero detener en un elemento que mi juicio fue decisivo, y que son de esas casualidades de la vida, o por lo menos fue casual el encuentro con el texto. Una de las cosas que impedía los procesos es que hubiese Estado de Guerra, con lo que se amparaba todo, y se aplicaba la legislación de tiempos de guerra. Pero nadie había leído con detalle ese decreto ley. Un día un amigo pasó por mi oficina y me dijo 'te traigo un regalo -un tomo grande-, para que conozcas todas las leyes y decretos dictados en tiempo de Pinochet'. Me lo dejó y se fue. Y tuve una doble sensación, por un lado gratitud por el regalo, y por el otro un poco de rabia: '¿Qué se querrá este tipo que me trae las leyes de Pinochet, se pensará que me las voy a leer?', me dije. Pero como la curiosidad humana es inevitable, empecé a hojear el libro, y me encontré con el decreto ley Nº 5 que dice textualmente lo que dije, sobre los tratados y convenios internacionales. Y entonces me dije '¡Ah!', y nos acordamos de los convenios de Ginebra, aprobados por Chile en los años 50, formaban parte de la legislación interna de Chile, y los artículos 3º y otros establecen la imprescriptibilidad de los delitos cuando se trata de prisioneros de guerra y protege jurídicamente contra las amnistías, contra las prescripciones, es decir, ¡era un regalo que nos había dado el propio Pinochet! Al haber declarado que estaban en guerra interna, facilitaba la situación, porque además la Corte Suprema, en los primeros años, tratando de ser simpática con Pinochet, acogió todos los recursos que presentaba la dictadura, y hay reiterada jurisprudencia, desde 1973 a 1980, que establece que Chile estaba en Estado de Guerra. Entonces, los abogados teníamos el decreto-ley de Pinochet, los convenios de Ginebra y los muchos centenares de sentencias de la Corte Suprema, que creaban jurisprudencia acerca de que en Chile había guerra. Y si la hubo, el propio Tribunal Supremo tuvo que asumir que tenía que aplicar los convenios de Ginebra, y abrir una puerta, entre otros elementos”.

(1) Michael Vernon Townley Welsch (nacido el 9 de diciembre de 1942) es un ciudadano estadounidense que fue agente sicario de la CIA. Se le sindica la autoría material en los atentados a Orlando Letelier, Ronny Moffit y Carlos Prats bajo instrucciones de la CIA y de la DINA durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Participó en múltiples violaciones a los Derechos Humanos y actualmente vive con otro nombre, probablemente en Estados Unidos, en el marco del Programa de Protección de Testigos de ese país.

(2) Juan Salvador Guzmán Tapia (San Salvador, El Salvador; 22 de abril de 1939) es un abogado y exjuez chileno, reconocido internacionalmente por ser el primero en procesar al ex dictador Augusto Pinochet por sus crímenes contra los derechos humanos.

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