“HAY UN MANEJO POCO TRANSPARENTE DE LOS DINEROS QUE ENTRAN A
CAJA DE LA INTENDENCIA”
Julián Mazzoni y Mario Perdomo, dirigentes de la Lista 1001
(Partido Comunista, Frente Amplio, PC-FA) realizaron una conferencia de prensa
para puntualizar algunos temas relacionados con la gestión que se lleva a cabo
en la IDL. Mazzoni, edil de ese sector en la Junta Departamental, manifestó que
después de una reunión realizada el sábado pasado con su grupo, se decidió
“salir con algunas informaciones importantes”, las que tienen que ver con “las
31 observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), sobre
incumplimiento de normas”. Señaló que los pedidos de informes que hacen los ediles “en
general” al ejecutivo comunal “no son respondidos en tiempo y forma, o
directamente no son contestados”. Recordó que los pedidos de informes, según
establece la Constitución, “es obligación responderlos por la intendencia en un
plazo de 20 días, si no responden tenemos algunas herramientas para insistir,
como es el llamado a sala. Esto lo hemos hecho y la experiencia es que no
terminan con decisiones que nos satisfagan”.
TCR OBSERVÓ
Recordó que una resolución del TCR de enero de 2013 -dio
lectura- expresa: “La intendencia ha incumplido algunas normas, se contrataron
funcionarios sin que existieran los cargos respectivos, se abonaron primas por
eficiencia y productividad y compensaciones que no están previstas en el
presupuesto”. Mazzoni señaló que “en la última ampliación presupuestal, la IDL
solicitó autorización para la creación de cargos, se le respondió en forma
amplia y contundente por la mayoría de los ediles que no. Sin embargo la
intendencia contrató igual”.
DOS CARGOS PÚBLICOS
Destacó Mazzoni que el TCR observó el incumplimiento con la
norma de la Ley 11.923 y el artículo 32 que “al contratar como funcionarios
bajo el régimen de arrendamiento de servicio a personas que desempeñan otro
cargo público rentado”. Dijo el edil que “acá se está denunciando por el TCR que
hay funcionarios en la intendencia que tienen dos cargos públicos, eso es
anticonstitucional”. Para Mazzoni “se han violado artículos del TOCAF, porque no
se deposita la totalidad de la recaudación de la tesorería de la intendencia,
de las juntas locales, y de los campings. O sea, hay un manejo poco
transparente de los dineros que entran a caja de la intendencia y se ejecutaron
gastos que no fueron ordenados por la autoridad competente”.
¿Y LA LICITACIÓN?
Denunció que no se dio cumplimiento en todos los casos a las
normas del TOCAF referidas a adquisiciones de artículos del mismo rango. “Se
hace en forma fraccionada sin dejar constancia de sus fundamentos. Cuando un
gasto es muy grande hay que hacer una licitación, si es pequeño se hace de
manera abreviada o por ordenamiento de la intendencia. Si se gasta en una cosa
mucho, y las órdenes son fraccionadas, se está evadiendo el control del
sistema”. Agregó que “no se cumplió con lo establecido en el pliego de
condiciones particulares en las licitaciones abreviadas, las que no presentaron
la totalidad de los documentos exigidos para el procedimiento. La intendenta no
puede autorizar una compra o contratación si no están todos los documentos.
Otra irregularidad es que se ampliaron licitaciones abreviadas en porcentaje
que llegan al 100 % sin respetar condiciones y modalidades”. Sostuvo que una
vez que una empresa gana una licitación “se le sigue renovando, no llaman más a
licitación y además cambian las condiciones con la cual ganó la primera
licitación. Da la impresión que determinadas empresas son favorecidas
directamente por las autoridades municipales”. Julián Mazzoni siguió enumerando observaciones del TCR. “No
hay inventario de bienes actualizado, no hay una demostración del cumplimiento
de objetivos y de metas programadas que cuando se hace un presupuesto se tiene
que cumplir, en qué etapa y en qué momento, si eso no está, nadie lo puede
controlar, y el presupuesto es un documento que tiene muy poca importancia,
parece”. Por ello, cuando el FA en la sesión pasada “decidió que no
iba a acompañar la ampliación del crédito, era porque todas estas cosas no
están claras, nosotros no le vamos a dar un crédito si no sabemos hacia dónde
va, qué se va a hacer”. Expresó que hay un gasto “particularísimo que no me han
contestado”, refiriéndose a los 85 millones de pesos “que según el TCR son
contratos de personas por resoluciones de la intendenta. Quiero saber qué
personas son, la Junta dijo claramente que determinados cargos no los quería y
no se votaron, pero igual se contrataron”.
OBRAS
Informó Mazzoni que en un informe de noviembre 2012 sobre
ejecución de Fondos del Interior, enviados por la OPP, fueron gastados “en las
únicas obras que se han hecho”, el camino al Arequita, la pavimentación del
barrio Coya de José Pedro Varela, el acceso a Villa Serrana, el tratamiento
bituminoso en barrio La Coronilla, acondicionamiento de región Este de Minas,
recableado para alumbrado público en zona Sur de Minas, y en los barrios La
Filarmónica, Estación, mejoramiento ingreso sureste de Minas, Casa de la
Cultura de Solís de Mataojo, remodelación del Parque Rodó. “Se gastaron 110
millones de pesos en dos años, todavía falta que reciba la intendencia unos 6
millones de pesos, y estas son las obras que ha hecho la intendencia en dos
años y medio. Cuando la intendenta dice que ha hecho obras, son estas,
realizadas con dineros de la OPP”.
“NO SE ME HA CONTESTADO”
Mazzoni se refirió a los pedidos de informes realizados, que
no se le han respondido, enumerando que el 1º de agosto de 2012, ante el
planteo de un grupo de estudiantes de UTU de que hay una donación de hornos de
la Embajada de China para la escuela que estaría en custodia de la IDL, pidió
se le informe si están en Planta 3, si se conoce la procedencia, y qué destino
se van a dar estos hornos. “No se me ha contestado”.
El 12 de setiembre de 2012, ante la respuesta dada a un
pedido de informes sobre gastos de combustibles entre agosto y diciembre del
2011 -se gastaron promedio 73.316 litros- y entre enero y junio de 2012 -se
gastaron 50.000 litros
“solicité que se me informe por qué en determinados meses se gastó tanto y
después porque bajó tanto”. Recordó que se lo preguntó al director de aquel
momento, Gastón Elola. “Ahora es Gerardo Peña, pero sé que es el director por la
prensa, porque a nosotros los ediles nadie nos lo comunicó, no sabemos quiénes
son los directores cuando los cambian”.
Recordó que la intendenta Peña estuvo en Europa en el 2011,
unos 10 días, “con las consecuencias que todos sabemos”, y firmó un tratado con
la comuna de Capanori, tratado aprobado por la Junta, que implica un
intercambio entre la comuna de Capanori y Minas. “Nunca más supimos nada, era
beneficioso, suponemos, para ambas partes. Vino con toda la bulla de lo logrado
y después nada. En octubre de 2012 pedí un informe sobre qué había pasado con
el tratado de Capanori. No se me contestó”.
LA HISTORIA QUE SIGUE
También se refirió Mazzoni a la compra de los terrenos del
barrio Arrospide por parte de la IDL. “No sabemos si se compraron o no,
extraoficialmente parece que sí, pero sin embargo nos llegó a la Junta un
pedido de exoneración de contribución inmobiliaria de esos terrenos, cuando la
misma Junta había decidido que se descontara del importe del negocio”. Mazzoni
pidió a la comuna que le informara “en qué estado se encuentra el convenio, si
se ha realizado contacto con los vecinos, qué acuerdos se han realizado con los
vecinos y si lo que la Junta logró ahorrar en la negociación se va a volcar en
obras en el barrio, y qué obras. La respuesta que obtuve es de terror, me dicen
(lee): ‘Se ha realizado una reunión con los vecinos, manifestando los mismos
que el dinero es de su propiedad y no se ha aportado por igual entre todos,
consideramos que la intendencia no ingrese en los temas privados’. Esto no
tiene nada que ver con lo que yo pregunté. Reiteré el pedido de informe y pedí
una copia del convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y la IDL. No me
respondieron”.
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