Respecto a los crímenes de lesa humanidad, ¿cuál es su
opinión, sobre todo con el marco de la
Ley de Caducidad?
La posición de la Fiscalía de Corte es que
hay que aplicar la sentencia del caso Gelman. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por violaciones a los Derechos
Humanos, y le impuso al Estado uruguayo la obligación de investigar, de no
aplicar la Ley de
Caducidad, de no aplicar las normas de prescripción o cosa juzgada. El
planteamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley de prescripción, en el
dictamen de la Fiscalía
de Corte, es que esa ley no corresponde aplicarla. Lo que hay que hacer es
cumplir con la sentencia del caso Gelman. Se ha afirmado -a nuestro juicio
equivocadamente-, que la sentencia del caso Gelman tiene efecto solo para ese
caso, cuando en realidad tiene efectos generales, y de hecho hoy no hay ningún
delito comprendido en la Ley
de Caducidad. Luego de la decisión del presidente (José) Mujica de anular los
actos anteriores, la Ley
de Caducidad se transformó prácticamente en letra muerta.
¿Qué sucede en el Uruguay con la trata de personas?
Es un fenómeno que
está bastante más cerca de lo que nosotros creemos. Hay algunos enjuiciamientos
y, hasta donde yo sabía, investigaciones en curso. La trata y el tráfico, ambas
hipótesis, están mucho más cerca de lo que nosotros creemos, sobre todo la
trata sexual. En el libro “El huevo de la serpiente”, de María Urruzola, luego
en la película “En la puta vida”, se reflejaba un caso concreto de trata. Lo
que sucede es que en ese momento no existía el delito de trata.
Habrá un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad.
¿Cuál es su opinión?
Como soy un
funcionario del Estado, he decidido formalmente mantenerme alejado del debate
político. Hay discusiones de naturaleza política planteadas, un proceso de
reforma constitucional en trámite, en tanto fui designado por el presidente de la República, y con venia
del Senado otorgada por unanimidad de sus componentes, es mi función
comportarme no como un funcionario de gobierno sino como un funcionario del
Estado, que además va a trascender este gobierno, porque este gobierno termina
y yo sigo, y recién termino mi mandato en el tercer gobierno. Tengo que
mantener un relacionamiento correcto con todas las fuerzas políticas.
¿Técnicamente podría decirnos si bajaría o no la
criminalidad?
No tengo una
opinión clara al respecto. Habría que estudiarlo. Si bien mi fuerte es el
Derecho Penal, no soy un experto en el tema, estuve durante demasiado tiempo
haciendo otras cosas. Habría que hacer un estudio más fino de la situación. En
definitiva va a ser el ciudadano el que lo va a decidir. No siempre el
endurecimiento de las penas determina el resultado deseado. Es un fenómeno
complejo y como tal exige respuestas complejas. Si uno se conforma con tomar
una sola medida, seguramente el resultado no va a cambiar. Hay que analizar el
fenómeno en su conjunto, hay que discutirlo seriamente y hay que tomar medidas,
aplicarlas, esperar los resultados, y si no funcionan, tomar otras. Lo que no
existe es un efecto mágico.
¿Dónde está el quid de la cuestión? Los operadores de
Derecho muchas veces se quejan que quienes hacen las leyes no cuentan con todas
las herramientas como para hacerlas de la mejor manera para la sociedad en que
vivimos…
Los parlamentarios
están preparados. Además, los elige el pueblo.
El pueblo también se equivoca…
Sí, pero es el
único que tiene el derecho a equivocarse. Nosotros, no. Hay que ser sumamente
respetuosos de la voluntad popular. Los parlamentarios son los únicos
representantes directos de la ciudadanía y allí están representadas todas las
opiniones. No creo que sea un tema de calidad de leyes. Es mucho más complejo,
más profundo. Y le diría más: hay cuestiones de seguridad que ni siquiera
tienen que ver con el Derecho Penal. El Derecho Penal no nace para resolver
cuestiones de seguridad. Quien crea que el Derecho Penal resuelve cuestiones de
seguridad está equivocado. Nace para limitar el poder del Estado frente al
individuo, no para hacer más eficaz al Estado. Porque en la época del
absolutismo no se necesitaba Derecho Penal. Venía el rey y se terminaba la
historia. O sea, el Derecho Penal, por definición, es inoperante para resolver
problemas sociales. Por eso se dice que debe ser el último reducto antes de
agotar toda la batería de herramientas. Aquí hay problemas de educación,
culturales, que no resuelve el Derecho Penal. Hay que trabajar y mucho en otras
áreas, en procesos a largo plazo, porque los procesos de degradación también lo
fueron.
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