En la tarde de
ayer, estuvo en Minas visitando la Fiscalía Departamental, el Fiscal de Corte,
doctor Jorge Díaz, quien hasta hace unos meses fuera juez de Crimen Organizado,
lo que le valió una exposición pública muy amplia. Díaz reconoce que los cargos
suponen cosas muy distintas: “lo he vivido con una gran tranquilidad, uno en la
vida cumple etapas, aportamos todo lo que teníamos para aportar, siempre te
quedan asignaturas pendientes, pero el balance era harto favorable y como ser
humano, como padre, era hora de priorizar otras cosas”. Reconoció que ser juez
del Crimen Organizado es “muy desgastante, estresante, delicado”. Señaló no
obstante que nunca recibió “amenazas puntuales, que alguien te diga te voy a
hacer tal cosa: no. Situaciones de riesgo, sí. Pero son las reglas de juego y
no nos quejamos, pero sobre todo es mucho tiempo en la primera plana en el filo
de la cornisa, demasiada exposición, ya eran tres años y pico y la verdad que
tenía que irme. Era bueno para nosotros y para el sistema. La sociedad evaluará
el trabajo que hicimos y el de los colegas nuevos que están al frente de esos
juzgados y fiscalías”.
“ES IMPRESINDIBLE
UNA REFORMA”
Díaz recorre como
Fiscal de Corte el país para tomar contacto con la realidad de cada fiscalía, y
además informar sobre los pasos tendientes a transformar y reformar el Código
del Proceso Penal Uruguayo(CPPU), “porque no cumple con los estándares
internacionales exigidos por los modernos tratados de Derechos Humanos (DDHH),
así lo señaló la Comisión Interamericana de DDHH en el denominado caso Peirano,
donde recomendó dos cosas: la libertad de los Peirano porque hacía 5 años que
estaban presos sin sentencia de condena, y que se tenía que reformar el Código
de Proceso Penal Uruguayo porque no cumplía con los estándares establecidos en
la Convención Americana de DDHH. Eso no fue novedoso para los juristas de
nuestro país, sabemos que es necesaria y diría que hasta imprescindible una
reforma”.
DIFERENCIAS ENTRE
JUZGAR Y ACUSAR
Para Díaz la reforma
del CPPU “debería ser a un proceso acusatorio, un proceso donde el juez cumpla
el rol de juez; un tercero estructural y funcionalmente imparcial; el fiscal,
que es quién acusa, que dirija la investigación para reunir los elementos de la
prueba para acusar y del otro lado estará el imputado con su defensa”. Señaló
imprescindible la “clara diferenciación entre los roles de juzgar y acusar, un
proceso oral y público, con las excepciones que puede haber en los casos cuando
hay que proteger a la víctima, como en los delitos sexuales y demás. Los
juicios deberían ser orales y públicos, con acceso de todo el mundo, no hay
nada que ocultar detrás de la puerta de los juzgados, entonces ¿por qué razón
no pueden ser públicos los juicios?”
DIRIGIR LAS
INVESTIGACIONES
Al señalarle que el
rol de la Fiscalía como Ministerio Público (MP) cambiaría mucho, Díaz
reflexionó que “sustancialmente sí”. De aprobarse el proyecto que está en este
momento en el Parlamento, en la comisión de Constitución y Fueros del Senado, “el
MP pasaría a dirigir las investigaciones, reunir los elementos de juicio, y se
reservaría para el Poder Judicial -los jueces- el rol de juzgar, que es su rol
natural”.
Sobre los cambios a
efectuarse, Díaz aseguró que “algunos ya hemos empezado a ensayar desde ahora.
Incluimos en el proyecto de Rendición de Cuentas una modificación de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, estableciendo la obligación de los fiscales de ir a las
audiencias, y para eso se le dota al MP de un aumento importante en recursos
humanos para poder cumplir con esas obligaciones”.
Lo que quiere decir que hoy no estaría preparado el
Ministerio Público (MP) para un nuevo Código del Proceso Penal.
Obviamente que no,
sería necesario un aumento aún mayor de la dotación de personal y de recursos
materiales. Cuando elaboramos la
Rendición de Cuentas concurrimos a la Comisión de Presupuesto
de la Cámara
de Diputados, se nos formuló expresamente la pregunta si este era un presupuesto
para un nuevo código. Dijimos que no, que era camino al nuevo código, y así lo
hemos tomado. Mientras el nuevo código no se apruebe nosotros seguimos
trabajando con las reglas de juego actuales, cumpliendo el rol que la ley nos
asigna, lo que sí nosotros pretendemos es aún dentro de este sistema, cumplir
mejor de la forma más eficiente y eficaz posible.
¿Cómo estamos en comparación con otros países?
Nosotros en
comparación con otros países tenemos una situación de una verdadera calma. En
Treinta y Tres hoy (por ayer de mañana) hablamos de la inseguridad, allí en lo
que va del año se han cometido seis rapiñas. Son la mitad de lo que se comete
por día en Montevideo, si uno compara las cifras de Uruguay con otros países,
vivimos en un país tranquilo, en Uruguay hubo incremento en la taza de
homicidios, de cuatro a seis muertos por armas de fuego cada 100 mil
habitantes, en Honduras son 59, en Guatemala son 54, en El Salvador son 52. Si
nos miramos como sociedad comparado con 20 años atrás estamos muy mal, pero al
mirar el panorama global diré que vivimos en un país tranquilo.
¿La droga es un factor del aumento de esa criminalidad?
Yo creo que lo más
complicado -la droga que es un elemento distorsionante en cualquier sociedad-,
son sobre todo aquellas sustancias que generan una adición muy fuerte, cuando
estando bajo los efectos de la droga o bajo el síndrome de abstinencia llevan a
las personas a cometer delitos. El problema más que la droga es el
narcotráfico. El narcotráfico genera una potencialidad de ganancia muy
importante, genera cantidades de dinero muy importantes por año, y tiene un
gran poder de corrupción. La droga en sí misma es un gran problema de salud,
que debe ser atendido y tratado como tal.
¿El Uruguay es un país de tránsito de la droga?
No. Uruguay es un
país de destino de ciertas sustancias, básicamente de pasta base y cocaína, y
en algunos casos marihuana y en mucho menor grado de las drogas químicas como
LSD, donde hay un pequeño mercado. Es de tránsito de los grandes cargamentos de
cocaína, eso es claro y el destino es Europa.
Usted expresó que no está de acuerdo con la legalización
de la marihuana.
Lo que dije es que
no es posible, o me parece a mí, no es posible que un país pequeño como Uruguay
pueda hacer una modificación de esa envergadura sin coordinarlo con los demás
países a nivel internacional. La discusión si una droga es legal o no legal es
una decisión política, si el cannabis está incluido o no en las sustancias
prohibidas es de naturaleza política, la decisión no la debería tomar solo
Uruguay, creo que el camino es seguir es plantearlo en la comunidad
internacional. Es muy difícil para un país tan pequeño habilitar el consumo de
esta sustancia, porque estamos habilitando el riesgo de tener turismo para
consumo, y es muy difícil y diría que imposible producir marihuana en forma
rentable cuando estamos a 15 horas de auto del principal productor de cannabis
del mundo, y cuando hablo del principal productor hablo en cantidad y en
calidad, que es Paraguay, obviamente.
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